"Más derecho en el papel, menos protección en la vida real" INEGI
México amplió formalmente el derecho a la atención gratuita en salud, pero entre 2015 y 2025 disminuyó la proporción de personas que se reconocen como afiliadas a un servicio y aumentó la dependencia de consultorios privados y farmacias. El retroceso no fue uniforme: golpeó con mayor fuerza a la población pobre, rural e indígena.
La salud es un derecho constitucional, pero solo se vuelve real cuando una persona sabe a dónde acudir, recibe atención oportuna y no tiene que pagarla de su bolsillo. Bajo ese criterio, los resultados de las Encuestas Intercensales 2015 y 2025 del INEGI obligan a una discusión seria sobre la transformación del sistema de salud mexicano durante la última década.
En ese período desapareció el Seguro Popular, se creó el INSABI y, posteriormente, se consolidó el modelo IMSS-Bienestar. La promesa era superar un esquema de afiliación administrativa y garantizar servicios gratuitos a toda persona sin seguridad social. Sin embargo, los datos muestran una paradoja: se reconoció un derecho más amplio en la ley, pero se debilitó el vínculo práctico entre millones de personas y una institución de salud identificable.
La afiliación declarada a algún servicio de salud cayó del 82.2% en 2015 al 72.5% en 2025. En términos absolutos, la población que no se identifica como afiliada pasó de 20,6 a 35,5 millones de personas. Es cierto que una parte de esta reducción puede explicarse por el cambio institucional: el Seguro Popular requería inscripción y padrón, mientras que el nuevo marco legal reconoce el derecho a recibir atención sin necesidad de afiliación previa. Pero esa explicación es insuficiente.
La propia Encuesta Intercensal 2025 incorporó una pregunta reveladora: aun sumando a las personas afiliadas y a quienes dicen que podrían acudir a un servicio público si lo necesitan, 13.2% de la población —alrededor de 17.2 millones de personas— no identifica ninguna institución a la cual recurrir. En un sistema que presume de universalidad, esta cifra debe ser una señal de alarma.
El problema tampoco es meramente semántico ni administrativo. Si la caída en la afiliación fuera solo consecuencia de haber eliminado un padrón, cabría esperar que el uso de los servicios públicos se hubiera mantenido. Ocurrió lo contrario. Entre 2015 y 2025, la participación de los servicios públicos destinados a la población sin seguridad social como lugar habitual de atención disminuyó del 38,6% al 25,9%.
En contraste, los consultorios privados y los anexos a farmacias pasaron de atender del 23.1% al 33.3% de la población: de 27.1 a 42.5 millones de personas. Solo los consultorios de farmacia atienden ya a 18,6 millones. Esto no significa que toda la atención privada sea inadecuada; sí revela que millones de hogares están resolviendo necesidades de salud fuera de la red pública, frecuentemente con gasto directo y atención fragmentada.
El dato más preocupante es la desigualdad. En 2015, la afiliación era prácticamente similar entre el quintil de menores ingresos y el de mayores ingresos: 83,4% frente a 82,6%. Diez años después, se evidenció una brecha pronunciada: 63,2% en el quintil más pobre frente a 81,4% en el más rico. Mientras el quintil de mayores ingresos perdió apenas 1,3 puntos porcentuales, el quintil más pobre perdió 20,2 puntos porcentuales.
La misma regresividad se observa en el territorio. La afiliación en localidades rurales de menos de 2.500 habitantes cayó del 85,2% al 63,4%, una reducción de 21,8 puntos porcentuales. En las ciudades de 100 mil habitantes o más, la caída fue de solo 2,1 puntos. Oaxaca, Chiapas, Hidalgo, Puebla, Guerrero y numerosos municipios con una alta proporción de población indígena registraron algunas de las mayores pérdidas.
También se afectó de manera particular a hablantes de lenguas indígenas, trabajadores sin prestaciones, niñas y niños pequeños, así como a mujeres. En municipios que dependían en gran medida del Seguro Popular, la afiliación cayó en promedio 31,9 puntos porcentuales. No es casualidad: eran precisamente los territorios y grupos sociales para los que aquel modelo —con todas sus deficiencias— funcionaba como puerta de entrada al sistema.
Sería injusto negar avances. La afiliación al IMSS creció de 38.5 a 51.1 millones de personas entre 2015 y 2025, lo que refleja una expansión importante de la seguridad social contributiva. Sin embargo, este avance no sustituye la obligación de garantizar una protección efectiva a quienes viven en la informalidad, habitan en comunidades rurales, carecen de prestaciones laborales o enfrentan mayores barreras económicas y territoriales.
La conclusión es clara: México avanzó en la cobertura contributiva, pero retrocedió en la protección efectiva de la población sin seguridad social. La política pública debe dejar de medir únicamente anuncios, presupuestos o padrones y concentrarse en una pregunta elemental: ¿cada persona sabe cuál es su unidad de salud, puede llegar a ella, recibe atención y medicamentos sin empobrecerse?
La prioridad inmediata debería ser asignar a cada persona una unidad de primer nivel claramente identificable; focalizar recursos en municipios rurales, indígenas y del sur-sureste; atender al núcleo urbano de trabajadores informales sin referencia institucional; y construir un indicador nacional de acceso efectivo, comparable y verificable. La salud no se garantiza con una declaración de gratuidad. Se garantiza cuando el derecho tiene puerta, personal, medicamentos y respuesta.
Referencias
[1] Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2016). Encuesta Intercensal 2015: Principales resultados y tabulados de servicios de salud . https://www.inegi.org.mx/programas/intercensal/2015/
[2] Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2026). Encuesta Intercensal 2025: Tabulados de servicios de salud . https://www.inegi.org.mx/programas/eic/2025/
[3] Knaul, F. M., Arreola-Ornelas, H., Touchton, M., McDonald, T., Blofield, M., Ávila Burgos, L., Gómez-Dantés, O., Kuri-Morales, P., Martínez-Valle, A., Méndez-Carniado, O., et al. (2023). Reveses en la búsqueda de la cobertura sanitaria universal en México: política polarizada, agitación política y perturbación pandémica. The Lancet, 402 (10403), 731–746. https://doi.org/10.1016/S0140-6736 (23)00777-8
*El autor es (www.ectorjaime.mx) es médico especialista en cirugía general, certificado en salud pública, con doctorado en ciencias de la salud y en administración pública. Es legislador y defensor de la salud pública en México, diputado reelecto del grupo parlamentario del PAN en la LXVI Legislatura y presidente del Capítulo de América Latina y el Caribe de la UNITE Parliamentarians Network for Global Health.
