El 30 de agosto de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum envió al Senado una iniciativa para reformar la Ley de Inversión Extranjera y modificar la forma en que México examina determinadas inversiones. La propuesta busca que la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (CNIE) evalúe los riesgos que ciertas adquisiciones pueden representar para la seguridad nacional. La pregunta ya no es únicamente cuánto capital llega al país, sino quién controla la infraestructura, la tecnología, los datos y las cadenas de suministro que se desarrollan en nuestro territorio.
La preocupación tiene un contexto económico y geopolítico. Estados Unidos ha sido, por mucho, el principal origen de la inversión extranjera directa (IED) en México, mediante adquisiciones, nuevas plantas y ampliaciones productivas. Al mismo tiempo, han cobrado relevancia proyectos de otros países en actividades como vehículos eléctricos, energía y minería. De acuerdo con datos publicados por la Reserva Federal de Dallas, la participación de China en los anuncios de nueva inversión en México pasó de menos de 1% entre 2005 y 2009 a 9% en 2023. Esta evolución ayuda a explicar por qué las autoridades buscan examinar con mayor atención la propiedad y el control de ciertos activos estratégicos.
La Ley de Inversión Extranjera vigente ya permite negar inversiones que impliquen riesgos para la seguridad nacional. También exige una resolución favorable de la CNIE para la participación extranjera que supere el 49% en determinadas actividades. Sin embargo, no establece un procedimiento específico de revisión de adquisiciones que permita identificar oportunamente riesgos en otros sectores sensibles. La iniciativa busca cubrir ese espacio.
Uno de sus cambios centrales está en la integración de la CNIE. Actualmente participan en ella las secretarías responsables de la política económica, social, ambiental y de infraestructura, además de Gobernación y Relaciones Exteriores. La iniciativa propone incorporar, con voz y voto, a las secretarías de la Defensa Nacional, Marina, Seguridad, Protección Ciudadana, y la propuesta de dictamen de las Comisiones Unidas del Senado, propone incluir en este grupo a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. La Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) participarían con voz, pero sin voto. Las perspectivas de defensa, inteligencia, seguridad y riesgos financieros adquirirían así un lugar formal en el análisis de las inversiones.
La revisión obligatoria se activaría cuando concurran tres condiciones. Que un inversionista extranjero pretenda adquirir, directa o indirectamente, más de 49% del capital de una sociedad mexicana; que el valor de los activos de esta tendría que superar el monto que determine la CNIE mediante resolución general; y que la sociedad desarrolle alguna de las actividades económicas previstas en la iniciativa. Estas comprenden infraestructura estratégica, tecnologías críticas, suministro de insumos fundamentales y acceso o control de información sensible. La propuesta también permite que la Comisión incluya actividades o sectores análogos mediante resolución general.
Si la adquisición supera el 49%, pero los activos no alcanzan ese monto, las partes podrán solicitar voluntariamente la revisión por seguridad nacional. Ese umbral deberá publicarse dentro de los 180 días naturales siguientes a la publicación del decreto. Su definición será decisiva para conocer cuántas operaciones quedarán sujetas a revisión obligatoria.
El diseño plantea una primera dificultad. Especialistas en revisión de inversiones, como CELIS, han señalado que un umbral accionario superior a 49% puede ser demasiado alto para detectar ciertos riesgos. Una participación minoritaria también puede permitir acceso a información, tecnología o infraestructura estratégica. Por ello, han sugerido considerar porcentajes menores y combinarlos con parámetros monetarios y criterios relacionados con la sensibilidad de cada actividad. El riesgo para la seguridad nacional no siempre crece en proporción al porcentaje de acciones adquiridas.
La segunda dificultad es que una parte sustancial del alcance de la reforma quedará definida después de su aprobación. La CNIE determinará el valor de los activos que activará la revisión y podrá añadir actividades o sectores económicos análogos a los previstos en la ley. La iniciativa tampoco precisa suficientemente cómo identificará la Comisión un riesgo, en qué circunstancias condicionará una operación ni qué garantías permitirán dar un trato equivalente a casos semejantes.
La exposición de motivos recoge principios de la OCDE como la no discriminación, la transparencia, la predictibilidad, la proporcionalidad y la rendición de cuentas, pero su desarrollo en el articulado es limitado. El informe semestral sobre la gestión de la CNIE en materia de seguridad nacional, que se enviaría al Congreso, es un paso útil. No sustituye, sin embargo, reglas claras para que los inversionistas conozcan los criterios de evaluación, los canales de interlocución y las razones por las que una adquisición podría ser condicionada o impedida. Cuanto más amplio sea el margen de valoración de la autoridad, más importante será contar con procedimientos conocidos y verificables.
También será necesario aprovechar la información que el Estado ya posee. El SAT puede requerir datos sobre las personas físicas que ejercen el control final de sociedades y fideicomisos, y existen obligaciones mercantiles para registrar información sobre beneficiarios controladores. La reforma podría explicar mejor cómo intercambiarán y utilizarán esa información la CNIE, la Secretaría de Economía, el SAT, la UIF y las demás autoridades participantes. Una coordinación eficaz ayudaría a reconstruir las cadenas de propiedad y control sin imponer solicitudes duplicadas a las empresas.
Esa coordinación requerirá recursos y personal especializado. Sin embargo, el tercer transitorio de la iniciativa establece que las erogaciones derivadas de la reforma se cubrirán con el presupuesto aprobado para la Secretaría de Economía, sin ampliaciones presupuestales. La disposición merece atención porque la CNIE asumiría nuevas tareas de análisis, intercambio de información y seguimiento de las condiciones impuestas a las inversiones.
Los plazos son importantes. La iniciativa concede a la CNIE 60 días, mientras que la propuesta de dictamen en Comisiones Unidas del Senado plantea reducirla a 45 días hábiles para resolver. Si se dictamina el proyecto, ese plazo podría suspenderse si la Comisión solicitara información adicional, y ampliarse cuando la complejidad del asunto lo justifique, conforme a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (LFPA). Igualmente, si los interesados no atendieran el requerimiento de información, el trámite se desecharía, y si transcurrieran los plazos aplicables sin que la Comisión emita una resolución, aplicaría también lo dispuesto en la LFPA.
La CNIE podría autorizar la adquisición, sujetarla a modificaciones para mitigar un riesgo o impedirla por motivos de seguridad nacional. Asimismo, además de multas por incumplimientos, el proyecto de dictamen de la reforma en Comisiones Unidas del Senado propone facultar a la CNIE para determinar la acción de desinversión como sanción.
Las resoluciones favorables o condicionadas podrían incluir obligaciones específicas, entre ellas reportes periódicos. Para una inversión que depende de financiamiento, contratos y calendarios de construcción, los tiempos del procedimiento y las condiciones que finalmente se impongan forman parte de la certeza necesaria para decidir.
Coparmex ha advertido que la combinación de discrecionalidad, participación de instancias de seguridad, y sanciones de hasta 23.5 millones de pesos, podría afectar la certeza jurídica y el clima de negocios. También ha planteado la necesidad de revisar la compatibilidad de las nuevas reglas con los compromisos internacionales de México en el marco del T-MEC.
A los tiempos de revisión ante la CNIE podrían sumarse, según las características de cada operación, autorizaciones en materia de competencia económica y trámites fiscales, laborales, sectoriales o locales. Si la reforma amplía el número de operaciones sujetas a escrutinio, la capacidad de la Comisión para resolver oportunamente se convertirá en una variable para la competitividad del país.
Hay, además, una consecuencia que el debate geopolítico puede dejar en segundo plano. La iniciativa establece criterios aplicables a los inversionistas con independencia de su nacionalidad. Aunque parte de la discusión sobre sus motivos se relaciona con China, los costos regulatorios también alcanzarían al capital de países que México busca atraer. Durante el primer semestre de 2026, Estados Unidos representó 48.2% de la IED recibida por México, seguido de España con 14.2%, Canadá con 5%, Australia con 4.9% y Alemania con 4.7%. De los 34,968 millones de dólares captados, 88.5% correspondió a reinversión de utilidades y apenas 7.8% a nuevas inversiones. México necesita conservar a quienes ya operan aquí y, al mismo tiempo, atraer proyectos nuevos y diversificar sus fuentes de capital y tecnología.
La experiencia internacional ofrece elementos para mejorar la propuesta. En Estados Unidos, el Comité de Inversión Extranjera, conocido como CFIUS, reúne a autoridades económicas y de seguridad para examinar operaciones que puedan afectar la seguridad nacional. Su funcionamiento descansa en legislación, procedimientos y mecanismos de rendición de cuentas desarrollados durante décadas. Incorporar autoridades de seguridad a la CNIE sería, por tanto, sólo una parte de la tarea. México también necesita definir con claridad las reglas bajo las cuales actuarán.
Europa ofrece un contraste interesante. La Unión Europea distingue para su toma de decisiones en proyectos de inversión un equilibrio entre competencia económica, subsidios extranjeros y seguridad nacional. De esta manera, opera con las agencias antimonopolio los controles de concentraciones; examina con sus ministerios de economía si una adquisición se beneficia de apoyos de gobiernos extranjeros y revisa con sus agencias de seguridad inversiones que puedan afectar activos estratégicos. Su marco, reforzado este año, abarca tecnologías críticas, energía e infraestructura estratégica e incorpora reglas de transparencia y mecanismos de recurso.
Separar esas evaluaciones ayuda a concentrar el escrutinio de seguridad en los activos y riesgos que realmente lo ameritan, sin confundirlo con todas las demás obligaciones que una empresa debe cumplir.
México necesita fortalecer su capacidad para identificar y mitigar los riesgos que ciertas inversiones pueden representar para la seguridad nacional. El reto para el Congreso será precisar los criterios que activan la revisión, acotar la discrecionalidad, asegurar decisiones proporcionales y dotar a la CNIE de capacidad suficiente para resolver en plazos previsibles. En un país que necesita atraer capital nuevo y diversificar sus fuentes de inversión, la seguridad económica y la certeza jurídica tendrán que avanzar juntas. De ello dependerá que México proteja sus intereses estratégicos y, al mismo tiempo, concrete las inversiones que necesita.
*La autora es Directora de InteligenciaMás y maestra en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Panamericana.
