El Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027, presentado por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, plantea un fuerte ajuste en los recursos destinados a subsidios para la población vulnerable.
Aunque el presupuesto total asciende a $634,9 billones, los diez subsidios comparados pasan de $22 billones en 2026 a $13 billones en 2027, una reducción de $9 billones.
La caída equivale a 40% en términos corrientes y 37% en pesos constantes. En contraste, los demás rubros de inversión aumentan 6%, según una revisión de La Silla Vacía sobre las propuestas iniciales de regionalización.
https://x.com/miguel_gomez_m/status/2102902354961985643?ref_src=twsrc%5Etfw
Cabe anotar que, aunque el Congreso aprobó en primer debate el monto global del presupuesto, la distribución de las partidas todavía está en discusión.
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El libro de regionalización del Departamento Nacional de Planeación (DNP) distribuye los recursos proyecto por proyecto y sirve como base para la discusión presupuestal con los congresistas. Su distribución departamental, sin embargo, es preliminar e indicativa.
La reducción de los subsidios sería la mayor registrada en los últimos cuatro años con datos comparables y se concentra principalmente en energía, transferencias monetarias y vivienda.
El documento de regionalización señala que se mantiene el valor de las transferencias dirigidas a las poblaciones más vulnerables. Sin embargo, con una bolsa de recursos 40% menor, mantener el monto de cada beneficio implica atender a menos hogares.
De esta manera, el planteamiento supone una mayor focalización, pero también un menor alcance de los programas.
El subsidio destinado a reducir las tarifas de energía para los hogares de menores ingresos es el que más disminuye.
Los recursos pasan de $6 billones en 2026 a poco más de $1 billón en 2027, lo que representa una reducción cercana a tres cuartas partes.
La ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda, advirtió que las tarifas podrían aumentar si las condiciones del sector continúan deteriorándose.
El ajuste se produce mientras el sistema energético enfrenta presiones por disponibilidad y costos de generación, lo que aumenta la relevancia de esta partida para los hogares beneficiarios.
El segundo recorte más importante corresponde a las transferencias monetarias administradas por Prosperidad Social, que pasan de $9 billones a $7 billones.
En esta bolsa están programas como Renta Ciudadana, devolución del IVA, Renta Joven y Colombia Mayor.
Una proposición presentada durante el trámite presupuestal por la congresista Sara Castellanos alertó sobre el riesgo de que los recursos no alcancen para financiar todos los ciclos previstos de los programas.
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Según la información citada por La Silla Vacía,la asignación inicial permitiría financiar 3,5 de los 12 ciclos de Colombia Mayor; Renta Ciudadana cubriría la línea de Valoración del Cuidado para 410.000 hogares durante cinco ciclos; la devolución del IVA llegaría a 700.000 hogares durante seis ciclos y Renta Joven tendría recursos para uno de los seis ciclos previstos.
Los subsidios de vivienda también registran reducciones importantes. El subsidio familiar de vivienda pasa de $890.000 millones a $80.000 millones.
Por su parte, el Fondo de Reserva para la Estabilización de la Cartera Hipotecaria (Frech), que subsidia parte de la cuota de determinados créditos de vivienda, pasa de $750.000 millones a cero.
Estos recortes contribuyen a que la bolsa de los diez subsidios analizados quede en $13 billones para 2027.
Otro indicador muestra la magnitud del ajuste: el proyecto de presupuesto para 2027 contempla apenas 32% de los recursos solicitados por el DNP para subsidios, frente a 109% en 2026.
La diferencia genera preocupación sobre la suficiencia de los recursos para cubrir todos los ciclos de los programas durante el próximo año.
La reducción también se da en un presupuesto con un margen fiscal limitado por el aumento de las obligaciones. La propuesta contempla alrededor de $392,6 billones para funcionamiento, $155,4 billones para servicio de la deuda y $87 billones para inversión.
El mayor peso del servicio de la deuda restringe el espacio disponible para incrementar la inversión.
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El ajuste no recae principalmente sobre proyectos respaldados por vigencias futuras o contratos ya adjudicados.
Los recursos comprometidos incluso aumentan en cerca de $3 billones. La reducción se concentra en la denominada inversión corriente, que incluye proyectos pequeños y subsidios cuya asignación puede reorganizarse cada año.
Durante su último año de gobierno, Gustavo Petro aprobó $107 billones en vigencias futuras. De ese monto, unos $46 billones corresponden al periodo que deberá ejecutar el gobierno de De la Espriella. Para retirar esos proyectos del presupuesto, el Ejecutivo tendría que renegociar los contratos correspondientes.
El recorte de los subsidios tiene además un efecto territorial, debido a que estos recursos tienen mayor peso en departamentos con una mayor población vulnerable.
Frente a la propuesta de presupuesto para 2026, todas las regiones registran una reducción en los recursos destinados a inversión. Entre los departamentos con mayores recortes se encuentran Antioquia, con $903.000 millones menos; Atlántico, con una disminución de $731.000 millones; y Bolívar, con $685.000 millones menos.
En términos porcentuales, Atlántico registra la mayor caída entre los departamentos grandes, con una reducción de 25% en los recursos de inversión.
Sin embargo, al excluir los subsidios, la variación cambia: en lugar de caer 25%, la inversión en Atlántico aumentaría 2%.
El efecto se explica, en parte, por el peso que tienen los subsidios en departamentos con mayor población vulnerable. En Atlántico, además, incide el subsidio a las tarifas de energía.
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El ajuste ya genera presión en el trámite legislativo. Según la información suministrada, hay 12 proposiciones de congresistas que plantean aumentar los recursos para subsidios en más de $7 billones.
La discusión estará centrada en cómo modificar estas partidas sin afectar otras obligaciones del presupuesto.
El recorte de los subsidios, además, es proporcionalmente mayor que el ajuste general que debe realizar el Gobierno sobre la inversión para hacer frente al mayor peso de la deuda.
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